Resumen: La sentencia señala que ha lugar al recurso de casación interpuesto contra el auto que tuvo por debidamente ejecutada la sentencia estimatoria que declaró apto al aspirante en la prueba de entrevista personal y ordenó continuar el proceso selectivo en el Cuerpo Nacional de Policía, precisando que la nota de corte a aplicar para poder superar la siguiente prueba psicotécnica a realizar tendría que ser la fijada en el proceso selectivo del que fue indebidamente excluido. La jurisprudencia que ha dicho que la nota de corte de referencia en estos casos no debe ser esa, sino la fijada para la convocatoria en que tiene lugar dicha prueba, no puede aplicarse en el presente supuesto, pues a diferencia de los recursos en que dicha doctrina se estableció, la recurrente no impugnó la sentencia estimatoria que así lo declaró. Sin embargo, al haber denunciado el recurrente la diferente dificultad de los test psicotécnicos a los que se sometió a los aspirantes de la promoción de origen y la de la convocatoria en que se realizaron y al no existir nada en actuaciones que permita explicar la razón de esas diferencias, la Sala estima que procede, por tanto, la repetición del test psicotécnico a fin de garantizar que el realizado en ejecución de sentencia tenga la misma o parecida dificultad y características que los test que efectuó la promoción de origen.
Resumen: Desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que invalidó la eficacia de una cesión de créditos en relación a embargos que se habían notificado antes de la emisión de la certificación de obra. En su fallo, el Tribunal reitera su postura de que, en el contexto de contratos administrativos, la cesión de créditos no tiene efecto frente a la Administración hasta que se emite y aprueba la certificación correspondiente, momento en el cual se genera el derecho a cobrar. Por lo tanto, los embargos que se notificaron antes de esa certificación tienen prioridad sobre la cesión, incluso si esta última fue comunicada previamente. Además, la Sala aclara que la certificación final de obra, aunque se considere un pago anticipado de la liquidación, no cuenta con la protección de inembargabilidad que establece el artículo 216.7 del TRLCSP, ya que dicha protección solo se aplica durante la ejecución de la obra, no una vez que esta ha concluido. Esta interpretación se basa en la jurisprudencia consolidada y en la doctrina del Tribunal Constitucional, que restringe la inembargabilidad a situaciones que aseguran la correcta ejecución de la obra pública. En consecuencia, se confirma la sentencia apelada y se reafirma su doctrina jurisprudencial.
Resumen: La Sala IV desestima el recurso de la empresa y confirma que, a efectos del abono del premio por servicios prestados ( PSP), regulado en el art. 207 de la Normativa Laboral de Telefónica, debe computarse el tiempo de prestación de servicios de los actores en la empresa Telefónica Data España SAU antes de su fusión por absorción con Telefónica de España SAU (Telefónica). Se examina la especifica regulación de aplicación así como las diversas sentencias dictadas a propósito de la misma y que han dado lugar a nulidades parciales de preceptos del convenio y que lleva a determinar que trabajadores de Telefónica provenientes de las sociedades absorbidas, tienen derecho a percibir el PSP en las mismas condiciones que los trabajadores de Telefónica que han prestado servicios para esta empresa durante toda su vida laboral pues la tesis contraria vulneraría el art. 44 del ET y el derecho fundamental a la igualdad ante la ley del art. 14 de la CE. Si la normativa de Telefónica tiene en cuenta todo el tiempo de antigüedad en esa empresa para el cómputo del PSP (al igual que sucede con los bienios), los trabajadores de las sociedades absorbidas también tienen derecho a que se compute el tiempo de servicio en Telefónica Data y Terra Networks España SAU antes de la fusión por absorción porque el art. 44.1 del ET dispone que el cambio de titularidad de una empresa conlleva que el nuevo empresario se subroga en los derechos y obligaciones laborales del empresario anterior.
Resumen: La Audiencia Nacional desestima la demanda presentada por el Sindicato de Empleados de Caixabank S.A. frente a la empresa Caixabank S.A, al no resultar acreditado que la empresa haya introducido en el Plan de Bonus (Plan Comercial Banca Retail) una modificación tras haber finalizado el periodo de devengo y al no apreciarse la existencia de discriminación prohibida por razón de enfermedad. Razona la Sala que la empresa prevé que no se devengue retribución variable en caso de periodos de suspensión superiores a 90 días naturales, no relacionados con maternidad/paternidad; calculando en tales casos el bonus proporcionalmente y no penalizando la IT por lo que no existe penalización o merma que pueda ser calificada como discriminatoria.
Resumen: Debe estimarse el presente recurso contencioso en orden a reconocer al actor, para el caso de reunir el resto de los requisitos exigidos, el derecho a percibir en su pensión de jubilación el complemento por maternidad que le corresponda. Ahora bien, la estimación ha de ser parcial por las razones siguientes: el procedimiento administrativo se inicia por una solicitud, cuya tramitación termina una vez que se constata que el interesado "no cumple alguno de los requisitos establecidos en la normativa al efecto"; y asumiendo que la revisión de pensión se deniega por ser un hombre quien la solicita, no se llevaron a cabo otras actuaciones, no practicándose con la debida contradicción en vía administrativa los trámites para el reconocimiento y, especialmente, la cuantificación del complemento, que previsiblemente se hubieran realizado en el caso de la que solicitante hubiera sido una mujer. Según las normas aplicables, el reconocimiento del complemento de pensión por maternidad depende de varios requisitos cuya concurrencia debe ser verificada por la Administración. Incluso, concurriendo todos los requisitos, debe cuantificarse el importe del complemento que corresponde en el caso concreto. Solamente si se reconoce el complemento, y una vez cuantificado, se podrían aplicar eventuales efectos retroactivos, y, en su caso, intereses devengados. La realización de estas operaciones técnicas y jurídicas es potestad de la Administración.
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Fundación Hay Derecho contra el auto dictado por la Audiencia Nacional que declaró la inadmisiblidad por falta de legitimación activa del recurso interpuesto por la representación procesal de dicha Fundación contra la Orden ETD/883/2022, por la que se nombró a un miembro del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores -CNMV. El TS parte en su análisis de lo resuelto en reciente sentencia de la Sala Tercera en la que la misma fundación recurrente impugnaba el nombramiento de la Presidenta del Consejo de Estado, sentencia que fue recurrida en amparo por el Abogado del Estado, habiendo sido dicho recurso inadmitido por el TC. Tras contrastar las concretas circunstancias concurrentes en el presente caso, la Sala señala que de tener éxito de la pretensión de la Fundación habrá contribuido eficazmente, no sólo a realizar sus fines estatutarios, sino, además, a preservar el ordenamiento jurídico en un aspecto relevante que afecta directamente a un elemento esencial para el buen funcionamiento del modelo económico garantizado por el artículo 38 de la Constitución. Por ello, termina reconociendo legitimación activa de la Fundación, no equiparable a un actor público ni tampoco para interponer cualquier recurso, sino únicamente cuando mantenga su línea de actuación en aquellos supuestos que afecten a instituciones de la relevancia para el Estado de Derecho como el Consejo de Estado o, en este recurso, respecto de la CNMV.
Resumen: El actor trabaja para ICSA desde el 14-10-19 y pretende la equiparación retributiva con los empleados de igual categoría procedentes de ENSB.
Se afirma: que no procede la equiparación retributiva del actor con los trabajadores procedentes de la Empresa Nacional Santa Bárbara (ENSB) porque sus diferencias salariales no derivan de una doble escala discriminatoria, sino de una sucesión empresarial del art. 44 ET, pues al subrogarse ICSA, los empleados conservaron las condiciones laborales pactadas en ENSB gracias a contratos, acuerdos colectivos y convenios posteriores, lo que garantiza su validez; la doctrina constitucional y jurisprudencial prohíbe dobles escalas salariales basadas solo en la fecha de ingreso, pero admite respetar derechos adquiridos de trabajadores subrogados y las SSTS de 2021 y 2023 recuerdan que la empresa no está obligada a extender tales derechos a nuevos contratados, pues la Directiva 2001/23/CE y el art. 44 ET solo protegen a quienes ya estaban empleados en el momento de la transmisión y en este caso, la negociación colectiva optó por mantener las condiciones retributivas de los subrogados, vinculadas a planes de jubilación parcial y total que han reducido progresivamente su presencia en plantilla y, de hecho, ya no quedan trabajadores de la misma categoría que el demandante para comparar, existiendo por ello una justificación objetiva y razonable del distinto trato, compatible con el art. 14 CE y el derecho de la UE.
Resumen: El actor participó en OPE 2020, y quedando en lista de reserva suscribe contrato indefinido el 19-04-21, con antigüedad para concursos/concurrencia de 6-04-21.
Se indica que la fecha de antigüedad y sus efectos no son arbitrarios, sino resultado de reglas pactadas -Acuerdo 2017 y 21.09.22 y el Convenio-, expresión de la autonomía colectiva y la comparación con dos casos aislados en un colectivo masivo no acredita trato desigual estructural y aunque existieran errores, rige la regla no hay igualdad en la ilegalidad -STC 181/2006; STS 675/2024- , añadiendo que la normativa aplicable distingue entre, antigüedad a efectos de concursos y concurrencia con terceros, que se fija en la fecha del primer contratado del llamamiento (Acuerdo 2017; 11.º Listado), que en el caso del actor es 6-04-21 y, antigüedad a efectos de promoción y permanencias entre subgrupos, que exige prestación efectiva de servicios y no basta el periodo formativo ni listados internos (art 7.3 II Convenio; 12.8.3 III Convenio) y por ello, no procede anticipar efectos ni económicos ni de carrera y finalmente resalta que no hay discriminación, la diferente fecha/efectos responde a criterios objetivos y generales (ordenación por puntuación en OPE 2020, reglas de llamamientos por COVID, Acuerdo 2017/2022 y exigencia convencional de servicio efectivo), retribuyendo la antigüedad la experiencia efectiva, y el actor obtiene un cómputo favorable para concursos (6-04-21) superior al de su mera contratación.
Resumen: Se reclaman las diferencias retributivas entre lo percibido y lo que correspondería al Jefe del Puesto durante el periodo en que ha realizado dichas funciones, no cuestionándose la sustitución llevada acabo durante los periodos reclamados. Existe una jurisprudencia consolidada según la cual al funcionario que acredita la realización de las funciones de un puesto de trabajo distinto del suyo y con retribuciones complementarias superiores se le deben satisfacer los complementos de destino y específico del que efectivamente ha desempeñado. Se ha producido una continuidad evidente en dos periodos superiores al mes como consta en el Informe correspondiente. No se ha cuestionado en ningún momento por la demandada la realidad de tal sustitución y tampoco la diferencia retributiva entre lo percibido y lo que corresponde al Jefe de Área, por ello tiene derecho a percibir las diferencias entre lo efectivamente retribuido y lo que tiene asignado el Jefe de Área en cada periodo, pues es la función que ha venido desempeñando continuadamente en el periodo acreditado, determinándose las cantidades concretas abonar en ejecución de sentencia y al que se reclaman las "demás cuantías asignadas" no consta exactamente cuál es la cuantía concreta la que el demandante hace referencia por lo que la Sala no puede pronunciarse sobre dicho particular.
Resumen: La sentencia comentada decide sobre si se produce discriminación retributiva por percepción del salario inferior al de convenio. El origen del caso se encuentra en una convocatoria del SPEE que permitió a la Delegación del Gobierno de Ceuta contratar, temporalmente, trabajadores para servicios de interés general. La trabajadora demandó, alegando que no se le aplicó el convenio colectivo que correspondía, percibiendo salarios inferiores a los estipulados. La sentencia de instancia favoreció a la trabajadora, estableciendo que se había vulnerado el principio de igualdad de trato y no discriminación y condenando a la entidad gubernamental a pagar compensaciones por daños morales y lucro cesante. Sin embargo, esta decisión fue parcialmente revocada en suplicación por el TSJ que redujo la indemnización por daños y eliminó la compensación por lucro cesante, argumentando que las diferencias salariales debían reclamarse como una cuestión salarial y no como indemnización por discriminación. El TS se centró en determinar si correspondía o no compensar a los trabajadores por la discriminación salarial más allá del daño moral, considerando adecuado restablecer la indemnización por lucro cesante dada la vulneración del derecho a la igualdad retributiva. Este fallo subraya la interpretación de que la protección de los derechos fundamentales, como la igualdad retributiva, implica una reparación integral que incluye tanto el daño material por salarios no percibidos como el daño moral.
